Roma (Italia). El 20 de noviembre, fecha en que se celebra en todo el mundo la Jornada Internacional de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, marca el 30º aniversario de la aprobación de la Convención ONU sobre los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el 1989.

A 30 años de su aprobación, la Convención sobre los derechos de la infancia y de la adolescencia, nacida para reconocer a los niños y a las niñas de todo el mundo los derechos civiles, sociales, políticos, culturales y económicos, sigue en pie un documento de referencia sobre temáticas de gran actualidad en materia de derechos humanos. Hoy son 196 los Estados comprometidos en el respeto de los derechos reconocidos en la misma.

La Convención, que en la introducción recuerda la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la necesidad de hacer crecer al menor en un ambiente sano y sereno, está compuesta por 54 artículos y por tres protocolos opcionales y sigue con cuatro principios fundamentales para ofrecer garantías mínimas a la tutela de la infancia a fin de brindar orientación a los gobiernos para su implementación.

Los principios son: la no discriminación, es decir, la igualdad de oportunidades para todos/as los menores, sin distinción de raza, sexo, lengua, religión; el interés superior del niño/a que debe tener la prioridad en cada ley, disposición, iniciativa pública o privada; el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, entendido no sólo a nivel físico, sino también mental, emotivo, cognitivo, social y cultural; la escucha de las opiniones del menor y el correspondiente deber, para los adultos, de tenerlo en adecuada consideración.

El documento es un texto legal para el derecho internacional en base al cual se crean derechos y deberes para las naciones que se adhieren, quienes deben presentar un informe periódico a un comité de la ONU sobre su aplicación en el propio País.

En febrero de 2019, el Comité ONU sobre los Derechos para la Infancia publicó una relación en la cual se evidencian las mejoras cumplidas en términos de tutela de los Derechos de la Infancia, junto a algunas problemáticas referentes a las novias infantiles y los embarazos precoces, los niños soldado, la explotación del trabajo infantil, la desnutrición y otras condiciones higiénico-sanitarias prohibitivas.

Con la Convención se reconoce el derecho fundamental a la educación, que debe ser gratuita y obligatoria, aunque en muchos países está todavía negada. La tutela de los derechos de los niños, representa también uno de los pasos fundamentales para la realización de  los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Entre estos derechos está también el de soñar un futuro feliz para sí y para la propia familia.

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